La increíble historia de las dificultades para la inscripción de nuevos Movimientos y Partidos Políticos en el Perú
En los últimos tres meses la Asociación Peruana de Derecho Municipal ha organizado tres eventos sobre este importante tema: el recorte de derechos a los movimientos políticos locales y por eso los felicitamos y estaremos siempre dispuestos a participar.
Quiero señalar asimismo que, quienes me conocen saben que me caracterizo por tener un espíritu constructivo y dar siempre propuestas constructivas para solucionar los problemas, pero en esta oportunidad dado el tema para el cual nos han convocado, no puedo evitar expresar nuestra preocupación y un análisis muy crítico a la manera como se está llevando el proceso electoral del próximo 07 de octubre. Hablaré con la verdad basado en mi experiencia reciente y lo haré con respeto, pero con firmeza.
¿Qué es lo esencial en la democracia?
Empezaré por reflexionar sobre ¿qué es lo esencial en la democracia? Y creo que podemos estar de acuerdo en que la democracia debe permitir la libre participación de los ciudadanos, eligiendo libremente a sus autoridades y organizándose libremente para participar en política.
Hoy están en peligro esos derechos fundamentales. En lugar de cautelarse, se están conculcando esos derechos y lo peor es que se está haciendo “en nombre de la democracia”.
Por supuesto que la democracia necesita institucionalidad para fortalecerse. Y la institucionalidad requiere de partidos y organizaciones políticas fuertes y confiables. Y también se necesitan ideologías. Una organización política sin ideología no plantea una propuesta con visión de largo plazo y puede caer en la improvisación y la demagogia.
Ya el profesor Francis Fukuyama corrigió su planteamiento inicial del “fin de las ideologías” frente a la caída del Muro de Berlín en 1989; hoy, el mismo Fukuyama propone un nuevo Estado.
Pero si, como decimos, la democracia necesita de los partidos políticos y de las ideologías; claramente no necesita de los partidos políticos tradicionales, tal como están ahora.
Por el contrario, la crisis actual de la política se debe, en buena parte, a la inacción, ineficiencia, corrupción y falta de democracia interna de la gran mayoría de los partidos políticos tradicionales.
¿Qué es lo que se debería promover y exigir a los partidos políticos?
En primer lugar, garantía de democracia interna, que claramente no hay. Los candidatos se eligen a dedo y muchas veces con procesos electorales internos que sólo se hacen para cumplir con la formalidad.
En segundo lugar, los partidos políticos deberían actuar con transparencia y periódicamente rendir cuentas, lo que es obvio que no hacen. El secretismo y la falta de información son, lamentablemente, características comunes de la acción política en estos tiempos.
En tercer lugar, los partidos políticos deberían promover la capacitación permanente de sus afiliados y la renovación periódica de sus cuadros dirigenciales, para evitar la permanencia de las cúpulas partidarias. Pero nada más lejos de la realidad. Muchas veces los partidos políticos sólo son vistos como plataformas para tener poder y ganar dinero, sin importar los intereses de los ciudadanos.
En cuarto lugar, los partidos políticos deberían plantear buenos planes de gobierno, que se cumplan, a fin de recuperar la confianza de la población.
En estos temas, las exigencias y esfuerzos de fiscalización deberían ser muy fuertes por parte de los organismos electorales y no como sucede ahora que las “vallas altas” son para no dejar participar a nuevos partidos y organizaciones políticas. Es decir, lo contrario de lo que hay que hacer.
¿Y qué es lo que se propone actualmente como “reforma electoral”?
En nombre de la democracia y la institucionalidad, se está proponiendo una denominada “reforma electoral” que no es tal, y más bien profundiza el problema.
Se prohíbe la participación de las organizaciones políticas locales (gravísimo error); se elevan las barreras de entrada a los nuevos partidos y movimientos políticos hasta el punto de caer en requisitos absurdos y muy difíciles de alcanzar; se hacen exigencias ilógicas de recolección de firmas que no promueven la mayor democracia ni reflejan realmente la voluntad de los ciudadanos; se plantean criterios de evaluación bastante discrecionales por parte de los organismos electorales; se plantean (reiteradamente) cambios en las reglas de juego en medio de procesos electorales ya iniciados; y lo peor: se estimula -como un incentivo perverso- que actúe en política el que tiene más dinero.
Yo planteo que ningún partido político hoy vigente (incluidos los que están representados en el Congreso de la República) podría cumplir con los requisitos de entrada que existen y que regula el Registro de Organizaciones Políticas -ROP del Jurado Nacional de Elecciones.
¿Entonces qué es lo que quieren los partidos tradicionales?
- ● Que se mantengan las cosas tal como están;
- ● Que siempre sean las mismas personas los que postulen;
- ● Que no se hagan reformas de verdad.
¿Por qué tienen miedo a la competencia?
Porque la población no quiere a los actuales partidos políticos y entonces la respuesta es promover una nueva ley electoral que los mantenga a ellos. Grave error, pues en lugar de fortalecer la democracia la debilitan aún más, generando mayor desconfianza y menor legitimidad. Y, en el caso de los gobiernos locales, los pequeños o grandes distritos en todo el país: ya no pueden elegir al buen vecino; se ven obligados a elegir entre candidatos que les imponen los partidos políticos ya inscritos.
Es lo que denomino yo un oligopolio político. En economía cuando unas pocas empresas quieren dominar el mercado imponen condiciones y, entre ellas, ponen elevadas barreras de entrada para las empresas que quieren ingresar a competir. Es lo mismo, unos pocos partidos políticos representados en el Congreso de la República han decidido elevar las condiciones o barreras de entrada para los partidos políticos y movimientos regionales que deseen ingresar a la arena política.
Esto demuestra miopía por parte de los partidos políticos tradicionales; demuestra también un desinterés en lo que piensan los ciudadanos; sólo les interesa controlar y mantener el poder a como dé lugar.
La denominada “reforma electoral”
Ya tuvimos en las Elecciones Nacionales 2016 un problema serio de cambio de reglas de juego en medio del proceso electoral; incertidumbre acerca de quienes se quedan como candidatos y, en general, poca transparencia. Y, ahora, a tan sólo seis meses de las Elecciones Municipales y Regionales 2018, nuevamente el proceso se inicia manchado y con serios cuestionamientos.
El Congreso de la República, representado por seis partidos políticos tradicionales, decidió aprobar una nueva ley en octubre de 2017 que, nuevamente “en nombre de la mayor democracia e institucionalidad”, lo único que hace es impedir que ingresen nuevos partidos y movimientos políticos a competir, mantenerlos a ellos con todos sus problemas internos y agravar la crisis.
Como decimos, se han planteado cambios en un proceso electoral que ya está en marcha pues -mucho antes de octubre 2017- el 09 de junio de 2017 había vencido el plazo para renunciar a un partido si se deseaba postular por otro y el 09 de setiembre de 2017 había vencido el plazo para inscribirse en un nuevo partido, y todo con miras a las elecciones municipales y regionales de octubre 2018. ¿Se inició o no el proceso electoral? Claro que sí.
El Congreso de la República es el responsable directo de esta situación: ahora el tema son los “plazos electorales”, pero todos sabemos que la verdadera razón es eliminar adversarios políticos. Se usa la ley para eliminar adversarios políticos.
Permítanme en este punto realizar otra comparación de tipo económico. En economía fiscal se habla de “evasión tributaria” cuando se evade la ley para no pagar impuestos, y de “elusión tributaria” cuando se usa la ley para no pagar impuestos. Pues bien, en este caso, estamos claramente frente a un proceso de elusión política, dado que se está usando la ley para eliminar adversarios políticos.
Y ya hay daños irreversibles. Con el adelanto de plazos (nada menos que cinco meses) que se ha establecido para poder inscribirse y participar en las elecciones de octubre 2018, ya cientos de movimientos y organizaciones políticas regionales, provinciales y locales desistieron de inscribirse y postular.
Además, con la incertidumbre creada, ya muchos dan por descontado que algunos partidos y movimientos políticos no podrán inscribirse y, por lo tanto, sus candidatos no podrán participar en las próximas elecciones de octubre de 2018. ¿El resultado? Dejan de participar o de apoyar.
El vía crucis para los movimientos políticos que seguimos en proceso de inscripción
Y, mientras tanto, los que seguimos en el proceso de inscripción -como es el caso del Movimiento Político Independiente Contigo Ciudadano- tenemos que dedicar recursos humanos, tiempo, energía y dinero, para pedirle a la población que continúe firmando nuestros planillones, porque nosotros sí seguimos en el proceso de inscripción.
¿Y los organismos electorales?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE o el RENIEC no han creado el problema, pero no están siendo prolijos en cautelar los derechos ciudadanos y la voluntad popular. Hoy en el Jurado Nacional de Elecciones no hay unanimidad en cuanto a la forma en que debe aplicarse la nueva ley electoral.
Históricamente, el JNE siempre ha sido garantista de los derechos ciudadanos; históricamente el JNE siempre ha garantizado la legalidad y la transparencia. Pero eso no está ocurriendo en esta ocasión.
¿Cuál ha sido el criterio (la jurisprudencia) que el JNE siempre ha tenido? Que los derechos de las organizaciones políticas empiezan cuando se adquiere el kit electoral. En Contigo Ciudadano adquirimos el kit electoral en abril 2017 (mucho antes de la promulgación de la nueva ley electoral), pero esto parece no tener ninguna importancia ahora.
¿Y qué dice la Constitución Política del Estado? Señala claramente que no hay ley retroactiva salvo que favorezca al ciudadano y que existe el derecho a la participación política. Estamos en un Estado de Derecho, pero esto no parece tampoco importar.
Los organismos electorales, y especialmente el JNE, no han mostrado una posición firme, tajante, garantista, que impida que la aplicación de la nueva ley electoral vulnere derechos fundamentales. EL JNE se ha dejado presionar por el Congreso de la República cuando, en materia electoral, es el JNE el que tiene la última palabra.
En cierto modo, el JNE se ha rectificado parcialmente de esta actitud, con su reciente resolución sobre un movimiento político local en el distrito de Magdalena en Lima, pero siempre con cortapisas. Se ha aceptado el criterio de que el plazo del 10 de enero de 2018 afecta el derecho de los movimientos políticos que ya habían obtenido su kit electoral (con lo cual nos dan la razón a todos los que lo habíamos señalado), pero luego establecen discrecionalmente un “nuevo plazo” el 11 de marzo de 2018, con el argumento “que no se altere el cronograma electoral”.
Nuevamente, en nombre de la ley se siguen recortando derechos fundamentales, pues la ley electoral anterior (que estaba plenamente vigente cuando adquirimos el kit electoral) establecía que el plazo de inscripción vencía el 25 de mayo de 2018.
¿Y la opinión de los ciudadanos cuenta? No importa y nadie entiende cómo puede pasar esto. El JNE y los Órganos Electorales ONPE y RENIEC no tienen -además- los recursos humanos y presupuestales para atender oportunamente nuestros procesos de inscripción. Las citas y evaluaciones demoran a veces semanas y las respuestas oficiales demoran meses.
Por ejemplo, Contigo Ciudadano (que adquirió el kit electoral en abril de 2017) presentó su expediente de inscripción (incluyendo estatuto, comités distritales y planillones de firmas) en noviembre de 2017; nos dieron cita para recibir el expediente un mes después y así llegamos al 10 de enero en pleno proceso de evaluación sin una respuesta oficial sobre el resultado de la misma.
Esa respuesta (con once observaciones) recién la tuvimos el 15 de marzo de 2018, muchos meses después de iniciado el trámite; después del 10 de enero de 2018, inclusive días después de la nueva fecha del 11 de marzo. ¿Tiene sentido esto? Nos notifican lo que tenemos que subsanar cuando los plazos de inscripción ya están vencidos (¿¿??).
Y, finalmente, tenemos que pasar por el “maquiavélico proceso de la recolección de firmas”. Para un movimiento político regional (como es Contigo Ciudadano), nos exigen alrededor de 300,000 firmas válidas. En esta última palabra está el problema. ¿Qué considera “válida” el JNE y los organismos electorales? Pues hay mucha discrecionalidad al respecto.
A la fecha, Contigo Ciudadano ya ha recolectado más de 650 mil firmas, es decir, hay más de 650 mil ciudadanos de Lima que ya han expresado su deseo de que nosotros estemos inscritos y participemos en las elecciones de octubre de 2018. Sin embargo, esto no parece importar a los organismos electorales.
Las 650 mil personas que han firmado nuestros planillones también han incluido sus datos personales, nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento y, además, han puesto su huella digital, como para que no quede duda alguna de su voluntad de que nos inscribamos como movimiento político.
De las primeras 300 mil firmas presentadas en noviembre de 2017, sólo nos validaron menos de la mitad. Y de las siete presentaciones adicionales de firmas que hemos realizado, en promedio, nos han rechazado entre el 30% y el 40%. A la fecha estamos ya llegando a la cifra final en cuanto a las firmas y ya hemos superado todas las observaciones referentes a nuestro estatuto y a los comités distritales.
Pero ¿por qué se rechazan tantas firmas? En algunos casos -como es lógico- porque los datos no son correctos, hay fallas en la digitación, son duplicados y los ciudadanos no tienen registrado su domicilio en Lima. Muchas veces, cuando se piden firmas en la calle algunos ciudadanos llenan incorrectamente el planillón. Que se rechace por estas razones es correcto.
Sin embargo, miles de firmas son rechazadas automáticamente porque las personas que firman figuran en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, como afiliados a un partido o movimiento político ya existente. Y aquí hay un problema serio pues la información pública que tiene el JNE acerca de quienes integran el ROP no es muy transparente y resulta que hay cientos de miles de ciudadanos que en algún momento se afiliaron a algún partido o movimiento; hace muchos años que no militan; ellos ya no se acuerdan, pero para el JNE siguen siendo miembros del correspondiente partido mientras no renuncien expresamente (¿¿??).
Muy discutible y poco transparente este punto, pero -además- si fuera cierto que son militantes activos ¿por qué no podrían expresar libremente su deseo democrático de que se inscriban nuevos partidos y movimientos políticos?
Otras miles de firmas son rechazadas por el denominado “ubigeo”, otro criterio discrecional que tiene que ver con lo que RENIEC considera que es el domicilio para fines electorales del ciudadano. Resulta que el ciudadano que firma ya cambió su dirección en RENIEC y ahora vive en Lima Metropolitana, pero como su última votación la hizo en algún distrito o provincia fuera de Lima Metropolitana (por ejemplo, el Callao o Cañete), entonces “no es válida”.
Hemos dejado para el final el tema más ilógico y absurdo en la evaluación. Si los nombres o apellidos digitados (porque hay que presentarlos en una versión digital) tienen dos o tres caracteres (letras) no conformes (una “s” por una “z”, o que falte una letra) la firma es invalidada. Las computadoras del JNE y RENIEC son muy curiosas. Si, por ejemplo, firma una señora casada (Graciela de Vargas) tal como figura en su DNI, la computadora no acepta “de” e invalida la firma; si alguien usa apóstrofe en su apellido (por ejemplo, D ´Azevedo) la firma será rechazada por no reconocer el apóstrofe. Y así por el estilo.
Por las primeras 300 mil firmas el JNE -de acuerdo a su TUPA- nos cobró 2,800 soles; pero, por cada firma adicional que se presente para reemplazar las “rechazadas”, el JNE cobra casi un sol para evaluarla. Y hemos presentado miles de firmas adicionales. Aquí hay dos problemas: primero, que el servicio prestado no es correspondiente a la alta tasa que se cobra; y, segundo, se presta a la suspicacia de que se “rechazan” firmas para cobrar más.
Y todo ello alimenta el problema que ya hemos denunciado: desde los organismos electorales se estimula que quien participe en política tenga necesariamente que tener dinero, incluso sólo para inscribirse. Que no nos llame la atención entonces que haya “vientres de alquiler” o que se “pongan en venta” partidos políticos ya inscritos, a la vista y paciencia de las autoridades electorales. Como decía un político colombiano: “Quien paga para llegar, llega para robar”. Todo esto debe cambiar y urgentemente.
Reflexión final
Entonces, muchos se preguntarán por qué continuamos en este proceso de inscripción no obstante tantas barreras, discrecionalidades y falta de garantías para los ciudadanos. Porque somos demócratas y creemos firmemente que el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad sólo se logrará con un auténtico proceso de innovación política y de reconciliación de la política y de los políticos con los ciudadanos. Para eso hemos creado “Contigo Ciudadano” y para eso continuaremos trabajando, no limitando nuestro accionar a una participación electoral sino a formar parte de una nueva agenda política que permita salir de la crisis institucional en la que hoy nos encontramos y ponga siempre en el centro de nuestra atención y nuestro accionar al ciudadano y sus organizaciones.
Muchas gracias.
